Como decía ayer, el devenir de la crisis catalana está pasando factura a PODEMOS por su postura un tanto sectaria y antinacional. Son numerosos los que, entre los "militantes" y los votantes de la formación, no entienden que un partido de vocación "nacional" y de izquierda se alinee con la burguesía nacionalista para debilitar al Estado con el que quieren hacer la redistribución.
Voy a comentar la publicación que Iglesias ha hecho en Facebook sobre la postura de PODEMOS. (No sabemos en realidad cuántos militantes tienen).
España vive una crisis de régimen que tiene al menos tres
dimensiones: la social (el empobrecimiento continuo de las clases populares,
así como el deterioro del nivel de vida y las expectativas de los sectores
medios); la institucional (la corrupción y el patrimonialismo de Estado del
Partido Popular no es la excepción sino su regla de gobierno); y la
territorial, sobre la que tratan estas consideraciones.
La crisis más que de régimen es el resultado de la crisis económica que ha afectado al mundo entero. Según el programa de PODEMOS hay que subir los impuestos a los ricos; dado que éstos no pagan sino que invierten, subirán los impuestos a las clases medias. La corrupción es sistémica a todos los partidos con poder en España.
La crisis de régimen que vive
nuestra patria la reconocen incluso las élites (políticas, económicas,
mediáticas) que dirigieron el régimen del 78 y que mantienen una parte de su
poder. La figura política más importante de nuestra historia política reciente,
Felipe González, lo reconocía sin ambages en la recepción real del 12 de
Octubre: «Soy un orgulloso representante del régimen del 78». Aquella recepción
fue la imagen de una conjura monárquica para superar, mediante una restauración
conservadora y centralista, la crisis española.
La conjura es, en todo caso, de los nacionalistas catalanes y su gobierno. Vemos pues conspiranoia en Iglesias. No hablaré del siguiente párrafo en el que cita con mal gusto al piloto fallecido y más que un análisis es un deseo.
Aunque en la foto del 12 de
Octubre había mucho poder (político, militar, económico, etcétera), no había
—ni de lejos— tanto como el que atesoraban las élites hace cuarenta años y,
desde luego, allí había mucho menos talento de Estado.
Sólo alegar que la situación actual justifica la pérdida de poder elitista; estamos en la UE, hay una democracia consolidada, formamos parte de organizaciones internacionales...
El
mismo hecho de que se les vea y se les perciba como «bloque» les debilita. Un
proyecto de régimen que se precie necesita un Gobierno, pero también una
oposición creíble como tal. Pero la oposición no fue a Palacio.
Creo que la gente entiende perfectamente la cohesión en
asuntos de Estado y que no les debilita, debilita a PODEMOS al que se confunde
con el enemigo.
Hoy, el nuevo acuerdo entre el
PP, el PSOE y la nueva extrema derecha que representa Ciudadanos implica de
facto la ruptura del pacto territorial. El espíritu del 155 como política de
vulneración de derechos y libertades democráticas no tiene por qué quedarse en
Catalunya. De hecho, dirigentes del PP ya han amenazado con aplicar algo
parecido en Euskadi y en Castilla-La Mancha (en esta región el PSOE gobierna
con nosotros).
Calificar a Ciudadanos como extrema derecha sólo puede hacerse desde la extrema izquierda. Quienes han incumplido el pacto y buena parte del Código Penal han sido los nacionalistas y su Govern. Nuevo ataque de conspiranoia.
El bloque monárquico tiene a su
disposición todos los recursos coactivos para desarrollar su proyecto, pero
carece —a diferencia de lo que ocurrió hace cuarenta años— de la capacidad
política integradora imprescindible para que España sea viable como realidad
política y territorial a medio y largo plazo.
Cuando España deja de ser viable es cuando se rompe el imperio de la ley, se entrega la educación, los medios públicos y la policía a los golpistas.
El
diálogo sin condiciones que reclama la mayoría de la sociedad catalana y de la
sociedad española (como señalan varias encuestas) es incompatible con una
situación de administración colonial de Catalunya.
El diálogo "siempre" es con condiciones. Lo de administración colonial a los reyes del proteccionismo debe ir de coña.
El problema de una declaración de
independencia no es tanto su ilegalidad (o su unilateralidad) como su
ilegitimidad.
El problema es de legalidad y de legitimidad.
La
movilización política del pasado 1 de octubre por parte de los partidarios del
derecho a decidir fue imponente y épica, dadas las condiciones en las que se
desarrolló. Es un hecho destacado que más de dos millones de ciudadanos
catalanes expresaran su voluntad política.
Fue grotesca, sin garantía y con pucherazo. Si la abducción del pueblo que hemos dejado se produzca es legitimidad, ¿era legítimo el régimen de Hitler?
Fue grotesca, sin garantía y con pucherazo. Si la abducción del pueblo que hemos dejado se produzca es legitimidad, ¿era legítimo el régimen de Hitler?
Un referéndum legal y pactado,
además de ser una solución democrática, es la única solución que puede asegurar
que Catalunya siga formando parte de España.
La mera posibilidad de un referéndum
ya es de facto la independencia, con las consecuencias que ya se
vislumbran. Sólo votan los indepes motivados con lo que se sesga el
resultado, la historia no se hace a golpe de plebiscitos.
Cuando el PP forzó que el
Tribunal Constitucional (TC) hiciera saltar por los aires el Estatut (aprobado
en el Parlament, en el Congreso de los Diputados y por el pueblo catalán en
referéndum), también hizo saltar por los aires buena parte de las bases del
pacto territorial que había hecho viable España como un Estado que integraba
una territorialidad plurinacional compleja.
Ahora
resulta que la garantía del TC quita legitimidad. Los recursos de
anticonstitucionalidad no sirven porque la Ley no importa sólo la
política, la de PODEMOS.
Y
así podríamos seguir por todo el engendro. Me limito a transcribir lo
que Carolina Bescansa ha dicho en público, tras repetirlo 1000 veces
internamente, cuando la han cesado.
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