En los últimos tiempos, hemos asistido a cuatro sentencias del Tribunal Constitucional contra la acción del Gobierno. Esto ha tenido lugar justo antes de la renovación, por PSOE y PP, de todos los órganos y organismos de vigilancia institucional excepto el CGPJ y seguramente por poco tiempo.
En cualquier democracia, un revés de este calibre, y mucho menor, hubiera supuesto la dimisión del Gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas. En la España de Sánchez vemos que el declarar inconstitucionales los dos estados de alarma que afectaron a derechos fundamentales y que tuvieron una secuela de ruina y discriminación, no tiene ningún efecto sobre la continuidad del Gobierno.
La demencial paralización del parlamento, hurtando a parlamentarios y grupos el poder fiscalizar al ejecutivo, y el nombramiento de Pablo Iglesias para la comisión del CNI, con ser gravísimas, son peccata minuta en comparación con lo anterior.
En realidad, el fin del Estado de Derecho comenzó mucho antes; en 1994 se puso en marcha la reforma de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. La reforma, en algunos aspectos muy necesaria para la modernización del Estado, escondía, en otros, cargas de profundidad contra el administrado al impedir la acción directa contra el funcionario público, permitía a los políticos en el Gobierno actuar, sabiendo que los costes de los conflictos caerían en la bolsa de los ciudadanos o de la propia Administración. La eliminación de las consultas jurídicas vinculantes favorecía el: "Tú tira para adelante y que recurran". Disparan con pólvora del Rey y tú tienes un tiempo y un dinero limitados. La utilización rastrera de los nombranientos de jueces y magistrados en los organos de control y en el Tribunal Constitucional, sustituyendo la reconocida competencia por la lealtad asegurada favorecen el enquistamiento del poder; y claro está, la corrupción en un país hundido económicamente e inerme, donde todo el mundo quiere salvarse.
Es decir que España no es un Estado de Derecho y la democracia sólo funciona en ellos; eliminado el obstáculo, el pucherazo, la manipulación mediática y el abuso están a la orden del día.
Esto es muy peligroso pues cualquiera con fuerza suficiente está legitimado para intervenir con el objetivo de restaurar el Derecho.
PD. Ahora mismo, con la cobertura de Órdenes de Consejería se están restringiendo derechos constitucionales y conculcando leyes como la del medicamento y de derechos de usuarios del SNS. Todo en aras de combatir una pandemia de baja letalidad, estirando el chicle del miedo y la ignorancia con el resultado de pobreza, injusticia y transtornos psicologicos sin que los tribunales pongan coto al atropello.
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