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21 ene 2014

Qué hemos hecho mal

En 1978 entró en vigor la Constitución vigente y fue una salida legal para la difícil situación que se vivía, abrió expectativas y en caso de mal funcionamiento cabía la posibilidad de reformarla. Pero algo hemos debido de hacer mal ya que, en estos momentos, varias Comunidades Autónomas españolas están en manos de fuerzas que buscan la independencia, o a lo sumo un tenue hilo de unión confederal. Al contrario que en anteriores etapas de nuestra historia, no son ya el problema social o el de la tierra los que mueven los espíritus sino sorprendentemente es el separatismo, y eso en un país en el que los secesionistas eran una minoría insignificante en 1975. 









En primer lugar hemos renunciado a librar la batalla de la Historia y de las ideas bajo la falsa creencia de que la economía lo es todo, hemos renunciado a defender la posición histórica del franquismo y la Guerra como paso previo a la transición democrática, que hubiera sido imposible si los revolucionarios ganan la contienda, hemos renunciado a defender España en su Historia, a denunciar los devaneos nazi fascistas de los nacionalistas vascos y catalanes.










De todos los retos en los que la democracia española ha tenido éxito, en cuestiones de orden público, hay uno en que ha sido total y pronto; el éxito de eliminar cualquier partido falangista, nostálgico o extremista de derecha; tan grande ha sido que hasta el simple nacionalismo español es visto con sospecha y se ha eliminado del mensaje de la derecha y la izquierda. El desarme y la despreocupación sobre las cuestiones de defensa que hace del Estado pieza fácil para las grandes potencias y poderes; la visión negativa de la Historia por parte del Regeneracionismo ha traspasado al pueblo y España se ve como el capazo de todos los defectos; en cambio los ridículos mitos nacionalistas se exaltan y aclaman. 









Recuperar para el Estado la educación y la sanidad, y atajar vía el artículo 155 de la CE los incumplimientos de la Constitución serán la única forma para impedir el conflicto inevitable que los secesionistas impondrán después en Valencia, Baleares, Navarra y si me apuran hasta en Andalucía.

12 jun 2010

Huesca y el Valle de Arán









Javier de Burgos fue nombrado Secretario de Estado de Fomento bajo el ministerio de Cea Bermúdez, y fue en ese cargo en el que estableció la división territorial por provincias, basándose en los planteamientos del Nuevo Régimen, pero tomando como base la antigua división en reinos de España. El decreto fue aprobado el 30 de noviembre de 1833.














Parece claro que tenía amigos catalanes, pues incluyó en la provincia de Lérida al Valle de Arán.













La comarca toma el nombre del valle en que se encuentra. El nombre Val d'Aran es aranés. La teoría más difundida establece que Val d'Aran es en sí mismo un pleonasmo, ya que significaría Valle del Valle (val significa valle en aranés y aran, del antiguo euskera haran, también significa valle), ya que el euskera se habló en pueblos pirenaicos de Lérida hasta los siglos XII - XIII.














La denominación Val d'Aran (en aranés), a menudo aparece escrita como era, la Val d'Aran, usando el artículo femenino en aranés como parte del nombre (tanto en aranés como en catalán, la palabra "valle" (val, vall) es femenina).







En catalán, se denominaría la Vall d'Aran y en castellano el Valle de Arán (siguiendo las reglas ortográficas del castellano, cuando se hace referencia al valle, y no a la comarca, el término "valle" se escribe con minúscula).









Las primeras referencias concretas al Valle de Arán las encontramos en el siglo X, en el que el valle aparece vinculado al condado de Ribagorza. Pedro I de Aragón intervenía en estas tierras cuando murió en el Valle el 28 de septiembre de 1104.








En 1175, el valle pasa a formar parte de la Corona de Aragón mediante el Tratado de Amparanza (o Emperanza) firmado con el rey Alfonso II. En el año 1192 hay referencias de la construcción del Hospital de Viella para dar cobijo a los viajeros.


















No le afectaron los decretos de nueva planta y Felipe V no lo incluyó en Cataluña.