Una carta no otorgada

A 40 años de la muerte de Franco  y a 80 de la Guerra Civil, se está instalando la especie de que nuestra democracia fue otorgada olímpicamente por los neofranquistas y los reformistas del franquismo. Es necesario hacer notar que nuestro régimen político surge, como todos, de una coyuntura histórica; la izquierda heredera ideológica, que no física, de los perdedores del Frente Popular negoció a cara de perro y, aunque conocía la correlación de fuerzas, era consciente de las posiciones que la política europea imponía a España. 

La muerte de Franco y la llegada de UCD supusieron una renovación radical de cuadros medios administrativos y dirigentes empresariales, cambiaron los nombres de las calles y los signos. España junto con Portugal, Grecia y Rusia son 4 países que han llegado a la democracia por sus propios medios. Todo cambio deriva de una ilegalidad, la legitimidad no obliga a ningún cambio, no estamos obligados a cambiar salvo que lo consideremos para mejorar. No estamos tampoco en una democracia especialmente joven, como no lo era la RFA en 1986, no le debemos nada a una izquierda que no ha hecho autocrítica de su comportamiento durante la Segunda República ni sobre el estalinismo o el maoísmo.

Nuestra democracia tiene luces y sombras pero eso les pasa a todas, incluida la norteamericana la más antigua con sólo 250 años de historia. Ningún Estado reconoce el derecho de autodeterminación y continua existiendo. PODEMOS puede hacer su revolución pero no desde ninguna superioridad moral; tenemos todo el derecho de combatir en esta guerra cultural.

Estas ideas están expuestas en este artículo de ABC.

 

 

 

Nos haremos con la Historia

ABC | Fernando García de Cortázar

La virtud de los tiempos de zozobra es su elocuencia. Nada hay que no se ofrezca ya a la meditación de los españoles. Todo ciudadano con sentido crítico o mero instinto de supervivencia social ha de adoptar una posición ante lo que sucede. Las últimas convocatorias electorales, con su propuesta radical de superación del marco establecido, en poco se han parecido a las de los años de plenitud de nuestro sistema constitucional. Y es que la crisis económica ha provocado un intenso proceso de politización y ha arrojado sobre la conciencia de los españoles una sensación de peligro, cuya capacidad de infectar la confianza en nuestras instituciones está resultando devastadora. Con todo, no ha habido nadie que advierta de la profundidad del riesgo que corremos. No ha habido alzamiento de opiniones rigurosas, ni manifestaciones que hayan superado el simple regocijo de los saldos contables o la desdeñosa plática de quienes creen que este proceso de deslegitimación solo es un bache en un camino bien pavimentado.

No ha existido, y no he dejado de decirlo en esta página, lo que Gramsci llamó intelectuales orgánicos del sistema, cuyo servicio al régimen no dependiera de su situación administrativa, sino de unas convicciones ideológicas que mostraran que, en el lado del constitucionalismo salido de la Transición, hay algo más que inercia tecnocrática, inmovilismo cultural o desprecio por el pensamiento crítico. Los exabruptos de tertulia o las consignas de rueda de prensa no son suficientes. De nada sirve amenazar con catástrofes económicas, con descenso de la inversión extranjera o con los problemas de la deuda. El sufrimiento de los españoles durante todos estos años, la experiencia dolorosa de quienes han perdido derechos sociales, la conciencia de tantas personas a las que se ha esquilmado su seguridad no se recuperan con amenazas de empeoramiento de su condición.

El acuerdo de los ciudadanos en torno a nuestra Constitución no puede basarse en el miedo. Tiene que hacerlo en la superioridad cívica de las propuestas de los reformistas, de los que no deseamos abrir de nuevo un proceso constituyente. Lo que no debe hacerse de ningún modo es alimentar el bloqueo de nuestro sistema político, al que indiscutiblemente le ha llegado la hora de pasar una enérgica revisión jurídica. No debe tolerarse, tampoco, la torpeza de un discurso acomplejado, de resistencia al cambio, que pone en manos de los adversarios no solo de esta democracia parlamentaria, sino de nuestro mismo concepto de civilización occidental, el coraje transformador, la fuerza de las convicciones y el ímpetu de la regeneración. Debemos demostrar que nuestra Constitución cubre una pluralidad sana de perspectivas, y que se asienta en fundamentos lo bastante sólidos para aguantar embestidas coyunturales, y lo bastante dignos como para ser defendida con mayor enjundia doctrinal.

No basta con insistir en que se han ganado las elecciones. Entre otras cosas, porque las elecciones se ganan de verdad cuando se está en condiciones de formar un gobierno. Hay que recordar, eso sí, que existe una mayoría de españoles que votaron por los partidos que representan la continuidad institucional y el compromiso con la gran reconciliación de la que arrancó nuestra cultura democrática. Pero tampoco debe sustraerse de cualquier reflexión que el rupturismo ha alcanzado una representación notable y no es un pintoresco accidente a resolver en poco tiempo. Tenemos una enorme avería nacional. Estamos en una crisis de régimen. Nos hallamos ante el mayor golpe de deslegitimación producido desde 1978. Así y todo, no es cierto que más de la mitad de los españoles hayan decidido iniciar un proceso constituyente, en el que se incluya el derecho a la autodeterminación y, por tanto, la destrucción del fundamento de nuestra comunidad política, a la que se arrebata su soberanía en nombre de soberanías plurales, sin más freno que las medidas urgentes de intervención judicial.

Lo que se está promoviendo es un verdadero estado de excepción que pretende definir un nuevo sujeto soberano en España y el comienzo de una nueva fase política cuya primera labor sea desmantelar el sistema constitucional del que nos dotamos al construir nuestra democracia. A este desafío no se responde solamente con el recuerdo constante de la legalidad, sino con la lucha ideológica, con el debate político, con las propuestas culturales orientadas a ganar una hegemonía. Disponer de esa mayoría abrumadora electoral con la que cuenta la Constitución de 1978 no va a ser suficiente si el verdadero soberano, la nación española, ha de caminar indefensa, enmudecida, sin razones aparentes, sin identidad precisa. En el asedio que sufrimos a nuestra convivencia, vemos cómo los sitiadores preparan sus instrumentos de asalto quizás no a los cielos, pero sí a los órganos vitales de nuestro sistema. Y para hacerles frente nada se ha dicho que contagie confianza, que transmita la convicción de tener una superioridad manifiesta, cimentada en la experiencia de tantos años de libertad, de justicia y de posición de España en el mundo.

La Constitución ha de ser reformada en cuanto sea preciso para adecuarse a tiempos nuevos. Pero, sobre todo, ha de ser defendida en este proceso de renovación, con actitudes a las que preocupe mucho menos la acusación de arrogancia que la imagen de pasividad. Pequemos, por una vez, de un exceso doctrinal, de un sobrepeso de ideología, de una expansión de entusiasmo al recordar a los españoles los valores sobre los que construimos la democracia en condiciones mucho más difíciles que las de ahora. Seamos capaces de exigir el respeto a la voluntad manifestada el 20 de diciembre. Recuperemos la insolencia que el enemigo blande contra nuestros principios. Alcemos la voz para denunciar todo lo que ha envejecido, todo lo que se ha corrompido, todo lo que nos avergüenza en la conducta miserable de muchos.

Pero levantemos también nuestro discurso para sostener un régimen que, desde el comienzo, fue recuperación de los valores esenciales de la democracia occidental. Volquémonos en esta actitud y no nos preocupe pregonar lo que para todos debería resultar evidente: que España es uno de esos países normales en los que el liberalismo, el conservadurismo moderado, el cristianismo social y la socialdemocracia convergen en la defensa de un espacio de civilización. No porque sean partidos, sino porque son expresiones de una larga tradición humanista, ilustrada, defensora de los derechos y la dignidad de la persona, diseñadora de la proyección cívica del individuo. Sepamos que, frente a tales principios, poca cosa podrán ofrecer quienes pretenden devolvernos a las peores condiciones del pasado siglo, cuando todos estos ingredientes de nuestra civilización fueron abolidos, y sobre el sufrimiento y la desesperanza se levantaron las más sórdidas utopías. 

En su nacimiento, tal barbarie también se atavió con el prestigio de ser algo así como la sonrisa del destino a la que se refirió Pablo Iglesias. Frente al escenario trágico de la obediencia a las leyes de los dioses o a la fuerza de los héroes, nosotros, la mayoría de los españoles, preferimos la sobria, sensata y terca voluntad de construir en libertad nuestro futuro. Que otros se resignen a su destino. Nosotros nos haremos con la historia.

Fernando García de Cortázar, director de la Fundación Vocento.