Es verdad que en España se está produciendo una utilización abusiva del aparato estatal para perseguir a la oposición política, mediática y social. Pero también es cierto que el PP debe explicar la situación financiera del partido y de algunos miembros relevantes, en el contexto de su financiación.
Todos los grupos políticos deben financiarse legalmente o ser perseguidos por agencias estatales independientes, y con tutela judicial.
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