Durante la alarma pandémica de 2020 se ordenó la obligatoriedad de las mascarillas en locales cerrados y en los coches con varios no convivientes, justamente a partir del momento en que hubo suficientes mascarillas en las farmacias y se podía disponer para los servidores sanitarios.
Todo terminó al finalizar oficialmente la alarma pandémica, siendo que en mayo de 2023 la OMS dio por terminada la situación, USA permitió la entrada sin exigencias sanitarias y España retiró las mascarillas en el transporte público y luego, semana más o menos, en los establecimientos sanitarios y socio sanitarios, salvo libremente para los enfermos con expectoración y mucosidad.
Pero ya sabíamos que el fin de la alarma no era otra cosa que un descanso psicológico y que se volvería a la carga. Las mascarillas no son otra cosa que un instrumento de imposición y encuadramiento y su función es recordar al sufrido ciudadano que estamos en una nueva normalidad de la OMS, la Agenda 2030 y la dictadura sanitaria.
En el invierno de 2024, en enero se ha producido el mismo fenómeno que viene siendo habitual en las últimas décadas; hay saturación de urgencias y atención primaria por enfermedades respiratorias de baja letalidad: gripes, trancazos por coronavirus diversos, COVID, rinovirus y microorganismos bacterianos, lo de siempre. Pero las consignas y órdenes internacionales hablan de nueva normalidad y nuestras autoridades se han sentido impelidas a actuar según los criterios de 2020.
Los epidemiólogos nos cuentan que la situación es incluso mejor que en los últimos años antes del COVID pero algunas autoridades autonómicas empoderadas han impuesto la mascarilla en centros sanitarios y socio sanitarios en lugares comunes. Versión aparte es Aragón que imponía la obligatoriedad solamente al personal de servicio. Ante esto se tomó la decisión de reunir al Consejo Interterritorial del SNS para unificar criterios y dotar de soporte jurídico a las decisiones de las CCAA. Parece que al margen de las recomendaciones de prudencia, miedo, sólo serán obligatorias en los centros sanitarios pero en toda España, había comunidades que se negaban a la medida.
Esta medida ha sido desechada por numerosos estudios clínicos publicados en las revistas científicas, Lancet, y recogidas en las recopilaciones de la Corporación Cochrane; según la medicina basada en la evidencia las mascarillas no sirven salvo en los quirófanos, personas en estado de debilidad, y ante pacientes inmunodeprimidos, en los demás casos prevalecen los efectos secundarios negativos sobre todo en los niños. Se mantiene la mascarilla de forma voluntaria por parte de los enfermos con expectoración y mucosidad como deferencia hacia los sanos. Esto es la ciencia y también es lo que pensaba la Ministra de Sanidad cuando no lo era pero ahora prevalecen otros intereses.
Los políticos tienen que actuar para hacer creer a la gente que toman soluciones, que hacen algo. La caída de la inversión en atención primaria, durante al menos seis años, llevada a cabo por gobiernos autonómicos del PP y del PSOE ni se nombra; la necesidad de encuadrar y asustar al personal para que se quede en casa y desista de ir al médico ante lo leve y reanimar los pedidos a nuestros fabricantes de mascarillas, ya que con el sistema sanitario y los hipocondríacos no es suficiente, pueden ser posibles razones.
Y vuelta la burra al trigo, y nueva normalidad, pero la sociedad civil ha aprendido algo desde la pandemia, no mucho pero grupos de abogados, gente que se ha informado desde entonces y el sano incremento de la desconfianza han encendido las alarmas y ya hay denuncias en los tribunales. La gente, incluso en España va tomando conciencia de la guerra contra el pueblo para imponer la dictadura y se ha revitalizado la asociación LÍBERUM y otras.
Las denuncias son por Derechos Fundamentales contra Valencia, Asturias y demás CCAA; ahora, le llegará el turno al Ministerio. Desde esos bufetes se nos exhorta a no obedecer salvo justificación jurídica, proporcionándonos un protocolo de actuación; nos mantenemos a la espera de las nuevas restricciones que seguro llegarán.
Pero, ¿cuál es el soporte jurídico al menos hasta ahora? El último Real Decreto Ley fue declarado inconstitucional y además decayó al final, la Orden SND/726/2023 de fecha 4 de julio deroga todas las medidas. Realmente a la espera de lo que dicte el Gobierno de España sólo tenemos lo que dicen las autonomías; en el caso de Aragón hay una instrucción interna y la Orden de Consejería de Sanidad 1/2024.
Todo va a ser recurrido; esperar y ver.
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD006207.pub6/full/es
https://diario16plus.com/y-vuelta-la-burra-al-trigo/
https://www.libertaddigital.com/opinion/2024-01-08/daniel-rodriguez-herrera-monica-garcia-medica-madre-y-magufa-7085248/
https://eldiestro.info/2024/01/al-infierno-el-bozal-manual-de-combate-del-respiracionista/
No hay comentarios:
Publicar un comentario