No suelo comentar asuntos políticos de actualidad, asuntos particulares de la vida política de España pero la gravedad de los acontecimientos y de la situación que vive España, y también Europa, me obligan a ello.
En todo régimen político hay un delicado equilibrio entre los intereses del régimen, entendido como los intereses del grupo gobernante, y la defensa de los intereses del Estado. Esto ocurre también en la España de la segunda restauración o régimen del 78, pero desde 2020, e incluso desde 2018, lo que vemos es una defensa numantina de los intereses de quien desempeña la presidencia del gobierno, y su permanencia, y los intereses de la política Europea representada por la agenda 2030 que se ha adueñado de la gestión de la UE. Es verdad que la clase de los votantes y simpatizantes socialistas, e izquierdistas en general, reciben unas migajas y que algunos militantes y miembros del gobierno han sido muy favorecidos por la fortuna pero el número uno es una prioridad insoslayable. Para ello, el gobierno trabaja incansablemente por apoderarse de todas las instituciones en un desembarco descomunal que destruye las bases del equilibrio de fair play democrático aunque nuestra democracia, y las de nuestro entorno, todas en realidad, sean siempre defectuosas.
El desinterés por los intereses de España se manifiesta, no sólo, por un profundo desprecio hacia los emprendedores españoles y unas condiciones imposibles para este empresariado; sólo los grandes empresarios de las empresas multinacionales y colusivas reciben el maná de los presupuestos; de esta forma el tejido empresarial cada vez da menos trabajo a los ciudadanos siendo el empleo público el único que crece con claridad. Vemos pues que los autónomos desaparecen, los locales están vacíos y la presión fiscal aumenta hasta convertirse en asfixiante y confiscatoria. Los servicios públicos, razón de ser de los impuestos, la administración pública y la defensa, son cada vez peores y se gasta cada vez más en los chiringuitos de la clase política, una clase cleptocrática que anega los ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado central.
Paralelamente y siguiendo los dictados de la agenda 2030, España se desangra en un invierno demográfico que vacía nuestros colegios y parques; España está dejando de existir siendo sustituida por ciudadanos foráneos migrantes. El desarrollo del "Estado de las Autonomías" ha generado una maraña de duplicidades y un descontrol competencial que se compadece con las luchas entre las administraciones públicas en función de quién tiene el gobierno político de cada una.
En el caso de la DANA en Valencia, la incompetencia se suma a la gestión torticera del gobierno central para combatir al PP; así, la CHJ abrió las presas sin avisar, el ejército no recibió ordenes de acudir y al final fue el pueblo el que tuvo que dar la cara. España no es un estado de derecho, dado el desprecio y las presiones sobre los jueces sin contar la dependencia de la fiscalía, se utilizan las instituciones en la lucha partidista y la nación se hunde. Es verdad que la evolución histórica ha dado regímenes de gran eficacia en algunos aspectos pero sigue plenamente vigente la crítica costista a nuestra Historia. España es uno de los estados cuyo esfuerzo fiscal es mayor a pesar del increíble aumento de la deuda y de el derroche descomunal y bochornoso además de inútil.
En el capítulo europeo la corrupción se compadece con una soga verde que nos asfixia y unas leyes woke que nos destruyen; y la censura que parece ser la única solución que se les ocurre a los jerarcas europeos.
Será muy difícil revertir esta situación y requerirá una auténtica revolución.
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