La crisis de la deuda

Los mercados de deuda se nutren de las inversiones de millones de personas, pero esto no quiere decir que sean mercados perfectos y transparentes, al contrario, esos millones apuestan siempre a través de unas miles de instituciones financieras, donde delegan sus decisiones.

Aun así, tampoco estas miles de instituciones tienen acceso directo a ese mercado, sino que esto se hace a través de unos cientos de operadores. Sin embargo, entre estos operadores destacan unos cuantos por su potencia inversora y su liderazgo; gente como Warren Buffet, George Soros o Ross Perot marcan la pauta, y lo hacen porque son dueños o controlan a las agencias de rating (agencias de calificación de riesgos).

Entidades como Fitch, Moody's, Standard & Poors o Goldman Sachs, casi todas ellas propiedad de estos grandes inversores, son las que aconsejan sobre la calidad de la deuda e indican el precio.









No quiere decir esto que esas entidades calibren a los países como si estuviesen haciendo auditorías; todo el mundo sabe que, excepto unos pocos (Las Islas Caimán, Lichtenstein, Emiratos Árabes o Qatar), todos los demás países estarían quebrados siguiendo criterios contables empresariales (Alemania y USA también), pero son estados que tienen continuidad, recursos.








No; de lo que se trata es de estudiar el nivel de confianza; ya vimos los errores de las agencias respecto a Lheman Brothers y las hipotecas subprime.



















Los analistas no tienen confianza en la capacidad española o Italiana de realizar las reformas necesarias para crecer, crear empleo y pagar la deuda. Esto es lo que pasa: que Zapatero y Berlusconi no generan confianza y deben irse cuanto antes; les están dando patadas en nuestro culo.








La broma macabra de convocar elecciones para el 20 N no ha gustado a los mercados. A mi modo de ver, sería necesario establecer medidas de ahorro en todas las administraciones públicas, participaciones obligatorias de los trabajadores y funcionarios con garantía de recuperación del poder adquisitivo a 10 años, crear un nuevo contrato laboral para los nuevos trabajadores jóvenes, primando a las empresas que contraten parados de larga duración, mucho más flexible y facilitar el crédito a las pymes.










Entramos en una fase decisiva para el desenlace de la crisis en Occidente y particularmente en España; ya veremos cómo evolucionarán los acontecimientos.

El fin de las autonomías

El número de febrero de la revista Temas, en la que Alfonso Guerra ocupa el cargo de presidente del consejo de redacción, incluye un artículo en el que se aboga por suspender el sistema autonómico. La tribuna lleva el título: "Una Salida Política a la Crisis Española" y está escrita por Manuel Muela, presidente del Centro de Investigación y Estudios Republicanos y también miembro del consejo de redacción.

Muela apuesta, según recoge El Mundo, por "la constitución inmediata" de un "gobierno de emergencia nacional" como solución a la crisis para lo que queda de legislatura. Su primera misión sería aprobar una ley orgánica que "suspenda" los "organismos e instituciones autonómicas".

En pleno debate sobre los males del sistema autonómico, y después de las furibundas críticas recibidas por Aznar a causa del informe Faes dedicado al asunto, Muela sostiene que "se ganaría eficacia y se produciría una disminución inmediata de gastos en beneficio de una reducción significativa del déficit público". Añade que la norma para suspender las autonomías "sería transitoria hasta que logremos salir de la crisis y reformar la Constitución".

Nuestro problema estriba en la optimista redacción del Título VIII de nuestra constitución, donde se crea un Estado autonómico que se organiza muy bien sobre el papel, que lo aguanta todo, pero que es inviable a la larga pues, como indica el artículo 150, queda continuamente abierto y es de imposible coordinación. Por otro lado la cercanía del poder dificulta la crítica y obstaculiza los controles con las consecuencias de todos conocidas.









La imposibilidad del Estado para imponer disciplina fiscal a cada autonomía, el sistema abierto en la asunción de competencias y la creación de castas políticas autonómicas sometidas al clientelismo, cuando no a la pura corrupción, abocan al sistema al fracaso, sobre todo ahora, en un tiempo acuciado por la crisis.